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Ni obligación, ni derecho y la defensa de la persona

Nota de opinión
Ni obligación, ni derecho y la defensa de la persona.

  Escuchando una exposición reciente, se exponía cómo en los trabajos preparatorios que llevaron al artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos hubo una larga discusión acerca de la conveniencia de agregar o no la expresión “en general” de cara a un texto que, al final, quedó así: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Sin entrar al definir persona, lo que sí se han dado son aportes interpretativos importantes que concluyen que la redacción final lo que procuraba era, de cara a la protección de la vida desde la concepción, reconocer las diferencias existentes en las diversas legislaciones y dejar todo lo que a futuro se viniera a criterio de cada estado.

  Es obvio que la sentencia que, sobre FIV se  ha impuesto sobre Costa Rica, violenta lo que se quiso evitar, esto es, cortar con el mismo molde todas las legislaciones a la hora de custodiar al embrión.

  Por otra parte, sorprende mirar cómo la sentencia de la CIDH contra el Estado de Costa Rica, llega a determinar, en una perspectiva totalmente patrimonialista, lo que se ha de entender por persona. Olvida que no es la única ni la más importante manera de entender este concepto.

  La perspectiva solamente jurídica de persona queda debiendo mucho de frente a la manera de entenderla en clave filosófica y teológica, e incluso, en clave biomédica.

  Héctor Mendoza en su obra sobre reproducción asistida y al abordar el tema del estatuto jurídico del embrión hace una advertencia seria: “la legislación civil no es una legislación personalista, sino en todo caso, es eminentemente patrimonialista. Su función es, primordialmente, la de regular las cuestiones patrimoniales entre las personas, lo que efectúa mediante una ficción denominada persona” (75:2011).  Aparte de reconocer la necesidad de legislar para proteger al embrión aún no implantado, hace ver que el ordenamiento da una importancia peculiar al momento de la implantación por el ingrediente de viabilidad que se perfila ya como mas decisivo que el estadio anterior de desarrollo embrionario.

Todo queda, sin embargo, a medio camino. Y esto porque se obvio la clásica definición de Boecio al decir que persona es “naturae rationalis individua substatia”, esto es, “sustancia individual de naturaleza racional”.  Esta manera de comprender la identidad ontológica del ser humano implica una doble identidad: una identidad genérica, la naturaleza racional; y una identidad numérica, en cuanto que la naturaleza genérica no existe en sí, sino en relación a una sustancia individual.

  La identidad numérica, nos explica el prof. holandés W.J. Eijk, “significa que este individuo concreto es una persona humana, independientemente del estadio de su desarrollo, de su perfección física, de sus logros o de sus defectos. La persona es el ser individual mas perfecto: el carácter individual pertenece pro tanto esencialmente por tanto esencialmente a la persona. Esto significa que la identidad numérica es una dimensión intrínseca de la persona humana”.

   A la hora de legislar, se ve que, si se desea atender la sentencia de la CIDH, no se puede obviar la línea interpretativa de cara al artículo 4.1 de la Convención arriba citada. Igualmente,  no resulta vinculante el modo en que esa Corte comprende “persona” porque lo que se comprende por ella es solo una arista del término y, claramente, insuficiente como se ha visto.

  Finalmente, un detalle mas. La tristemente famosa profesora de Oxford Mary Warnock escribiendo sobre el supuesto derecho  al hijo, hay un momento de su obra en que dice: “ aunque la reproducción no puede ser considerada como un derecho fundamental ni como una necesidad universal que genera un derecho, y aunque ciertamente no hay ley positiva que confiera a cada uno el derecho a tener hijos, aun así, los estériles que quieran concebir tienen el derecho a contar con que se les dará la asistencia médica que necesitan, aún en el caso de que tengan que pagar por ella” (65:2004). Dos cosas son notorias: el derecho al hijo no existe y los procedimientos médicos, curativos, terapéuticos existentes se pueden aprovechar (FIV ni cura ni es terapéutica y pone en riesgo desproporcionado al embrión humano al aplicarse).

  En resumen, deberíamos en nuestra legislación poder seguir respetando la vida humana desde la concepción, dejar de lado FIV, proteger a la persona humana desde la concepción y animar a quienes no han podido concebir hijo alguno, entendido como don, a buscar vías terapéuticas que no pongan en peligro ningún número de embriones. Dr. Mauricio Víquez Lizano,  pbro.

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